En Miquel de Petra i de la Part Forana.

Sense ànim d'abusar crec oportú reproduir un article que jo mateix vaig publicar a El Mundo-El Dia de Baleares el 9 de març de 2005. Crec que és un article que ve al cas. Gràcies per la seva amabilitat Miércoles, 9 de marzo de 2005 Actualizado a las 01:22 EL AGORA Corruptos y delincuentes JOAN FONT ROSSELLO Una vez, en la tertulia de Lina Pons en Radio Balear, afirmé que el Plan Ibarretxe era inconstitucional puesto que conculcaba cerca de cien artículos la Constitución. La diputada nacionalista Mª Antònia Vadell me contestó diciendo que «no era así hasta que el Tribunal Constitucional lo demostrara». En un reciente pleno en Petra, el portavoz del PSM Rechach declaró categóricamente que «como demócrata, creía en la presunción de inocencia del alcalde hasta que el juez no probara lo contrario». Esta es «la consigna» de los políticos acorralados por corrupción: nada de lo que se denuncia está probado y mientras un tribunal no declare oficialmente la existencia de una ilegalidad, los demás (la oposición política, la ciudadanía, los medios de comunicación, etc.) debemos callar y esperar a una sentencia firme, sin que podamos anticipar opiniones ni descalificaciones gratuitas, que en último extremo no son más que insidias y calumnias. Hay que callarse: los jueces son los únicos capaces de «probar» los hechos. La consigna responde a una coartada que salta a la vista, fruto de un perverso cálculo político, conocedores de cómo funciona (es un decir) la Justicia. Pero también oculta un tremendo error de concepción. No es lo mismo una «conducta corrupta» que un «delito de corrupción», a saber, la corrupción penal sancionada por un juez amparándose en el Código Penal. Ejemplifiquémoslo examinando una somera casuística. Existen «prácticas corruptas» que jamás se llevarán al juzgado, existen «prácticas corruptas» que son de tipo administrativo (de ahí que la Administración como tal tenga la obligación de intervenir) y que no están tipificadas como delito en el Código Penal, existen «prácticas corruptas» que el juez considera como «probadas» pero que no constituyen ningún delito, hay «prácticas corruptas» que el juez no condenará porque no puede «probarlas», etcétera, etcétera. La casuística es enorme. De hecho, sólo una infinitésima parte de las prácticas corruptas terminan con una sentencia judicial firme corroborando el delito: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, soborno, fraude. Sólo una infinitésima parte. La consigna de que no existe corrupción salvo condena judicial termina convirtiéndose en una coartada de auto defensa de los corruptos, alimentando la confusión entre la opinión pública y desvirtuando el concepto de responsabilidad política, devenida pura retórica. Algunos políticos realmente honestos me objetarán y con razón, ¿cómo distinguir los ataques justificados por corrupción de aquellos injustificados y mendaces que sólo buscan el desgaste político del adversario propalando una falsa corrupción ajena? Al menos, me objetarán, la sentencia judicial firme otorga un criterio claro, diáfano y objetivo, dejando al margen intereses espurios más allá de la justicia. Es verdad y aquí reside la única justificación de peso de reducir cualquier corrupción al delito penal sancionado por un juez, de la que terminan aprovechándose los pecadores en nombre de los justos. No hace mucho yo mismo fui partidario de la consigna: un corrupto = un delincuente. Era un iluso, lo reconozco. Y como tal, me esmeraba en identificar ambos términos de la ecuación yendo a los juzgados. Creía que aportando pruebas contundentes de los hechos, sólo bastaba esperar ... para que el juez condenara al político autor de la tropelía. ¡Vana ilusión! El marido de la concejal Catalina Más compra unos terrenos rústicos que su partido, el PSM de Petra, apenas mes y medio después, recalifica «puntualmente» a industrial (¡como nave aislada!), con el voto a favor de la propia concejal, que ni se abstiene. Los hechos, sentencia el juez en su auto, son probados, pero no son «constitutivos de delito». Archivada la causa. Bien, año y medio después, en el solar recalificado se ha edificado, inaugurado y abierto al público una nave de 775m2 de superficie útil. En mi denuncia inicial, al parecer, me faltó probar la causa-efecto de la compra primero y de la recalificación después, o que el marido de la concejal tenía información privilegiada. Pero, ¿cómo probarlo?, si el juez no pone de su parte y se niega a deducir (o a inducir) la lógica secuencial y causal a partir de las premisas probadas. Ya me dirán cómo se puede probar ningún pelotazo urbanístico

Joan, per no allargar la santa, te remet al meu article "ES ÈTIC I POLITICAMENT CORRECTE TOT EL QUE ÉS LEGAL ? Gràcies